Secciones: Movimientos estudiantiles
05/10/2011
Prensa Latina
Mesa de diálogo en Chile con difícil pronóstico
 
 
Empedrada de entuertos quedará instalada hoy una mesa de diálogo entre el gobierno de Chile y los principales actores del Movimiento Social por Educación Pública y Gratuita, defensores de cambios estructurales en el sistema sociopolítico.
Tanto es así que la demandada gratuidad en el modelo educacional, concebida como el primer punto de discusión en la citada instancia, deberá ceder paso al polémico proyecto de ley sobre Orden Público, interpretado aquí como un instrumento de La Moneda para criminalizar la protesta social.

"Evidentemente va a ser lo primero que plantearemos. Es nada más ni nada menos que la criminalización del movimiento social y particularmente del movimiento estudiantil, algo que no tiene ninguna justificación", apuntó Camila Vallejo, portavoz de la Confederación de Estudiantes de Chile.

A juicio de la líder universitaria, las señales que ha dado el Ejecutivo son bastante preocupantes, "son provocaciones claras hacia los estudiantes".

"No se puede jugar con un derecho de la sociedad en su conjunto, que es el derecho a manifestación, y eso hoy día se está coartando producto de esta ley que se está tratando de levantar desde el Ministerio del Interior", subrayó.

Consideró que ese proceder hace pensar que se quiere quebrar la mesa de diálogo antes de comenzarla.

Ratificó Vallejo que luego de planteada la indignación del estudiantado chileno con la referida norma legislativa se pondrán sobre la mesa los argumentos en defensa de la gratuidad en todos los niveles de enseñanza.

El cuestionado proyecto de ley, que endurece las sanciones penales por desórdenes públicos y tipifica como delito las tomas de colegios y otras manifestaciones sociales, ingresó la víspera en la Cámara de Diputados ante el declarado interés del gobierno de acelerar su tramitación.

De refrendarse, la nueva legislación elevaría las sanciones por desorden público con penas que van desde los 541 días hasta los tres años de cárcel.

Según el presidente Sebastián Piñera, al gobierno "no le temblará la mano" contra "los que desarrejan (sic) los establecimientos educacionales con violencia" y evitan que los estudiantes puedan estudiar.

Quien pretenda atentar contra la tranquilidad y la vida normal de los ciudadanos, o contra la propiedad pública y privada, se va a encontrar con una legislación dura y firme, remarcó el mandatario chileno.

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